Las mayores trasnacionales de los agronegocios –junto con las de informática y otras– están gestando un ataque en varios frentes con el fin de apropiarse de la decisión global sobre políticas agrícolas y alimentarias en pro de la agricultura 4.0.
Un estudio de UPTA detecta un desfase de casi 650.000 personas entre los contribuyentes que declaran en el IRPF ingresos de origen agrario y los que realmente están dados de alta como agricultores en la Seguridad Social.
En España ya hay dos ‘labradores de salón‘, casi tres según algunos cálculos, por cada agricultor que realmente se dedica a cultivar la tierra o criar ganado: los primeros son más de 650.000 mientras los segundos no llegan a 250.000, según indica un informe de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) sobre el rendimiento económico de las actividades profesionales de los autónomos.¿Y qué es un ‘labrador de sofá’ o ‘de salón’? Básicamente, propietarios de tierras y de zonas de pasto que no explotan pero cuya titularidad les permite desde hace casi dos décadas llevarse una parte importante de los alrededor de 4.000 millones de euros de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que la UE reparte en España a través de los llamados “derechos históricos”.
En portugués, grilagem se refiere a la apropiación privada de tierra a través de medios irregulares o ilegales, fuerza, intimidación o fraude. La palabra viene de grilo (grillo), el insecto que fue usado para tintar documentos para que parezcan escritos antiguos.
Así, en Brasil, grilagem de terra significa falsificar escritos para asegurar tierras, pero también significa apropiación violenta y devastación ambiental simbolizada por grillos machacados y silenciados muchos de ellos porque en 2016, los grileiros ya habían adquirido cien millones de hectáreas. El término grilagem es más informativo que «acaparamiento de tierras» pues refiere aquella situación donde la ley es anulada (aqui não tem lei), o se anula a sí misma en algo muy parecido a un estado de excepción.No se trata solo de derecho estatutario mancillado porque el derecho consuetudinario se convierta en su víctima. El uso y la propiedad consuetudinarios suman más del 50% de la tierra mundial, pero los pueblos indígenas –más de 2,5 mil millones de mujeres y hombres- disfrutan de derechos de solo el 10%. El resto está disponible para tomar. Por ejemplo, alrededor del 90% de la tierra de cultivo, sabana, montes, bosques y marismas en el África subsahariana no tienen título de propiedad y, por tanto, están bajo control estatal. Otra táctica colonial fue declarar las tierras ocupadas tradicionalmente como “terra nullius” (por ejemplo en Australia), o clasificarlas como tierra “libre”, haciendo así al estado el propietario legal. Estos trucos siguen utilizándose hoy. De este modo, la aabana guineana, cuatro millones de hectáreas de prados que atraviesan veinticinco países, casi la mitad de grande que Estados Unidos, es designada por el Banco Mundial como “la última gran reserva del mundo de tierra infrautilizada”. ¿Qué ley dio la autoridad para hacerlo? Esta tierra “infrautilizada” es hogar de unos 600 millones de campesinos, casi el 10% de la población mundial. Evidentemente, la gente no aparece bajo la noción del Banco Mundial de “reservas” cuando Monsanto tiene intereses en ella.
